EL ACOSO MORAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: UN DESPOTISMO POLÍTICO PARA INHIBIR RESISTENCIAS SOCIALES (MªJosé Blanco Barea: 08.12.2002)
La elección de la locución “Acoso moral” responde a la idea de que en las Administraciones Públicas, de forma más evidente, el acoso ataca desde el principio a la integridad moral de la persona elegida diana de acoso. Insistiremos una vez más en que el concepto de integridad moral no equivale al concepto de honor, fama, crédito o similar. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art.7, se ataca a la integridad moral cuando a la víctima se le niega o desconoce su capacidad para decidir por sí misma en relación a su persona, reduciéndola a la condición de cosa, por eso se habla de trato degradante, porque se vulnera el derecho a ser tratado como un ser humano libre, anulándolo como persona libre.
El empleo público en España creció en menos de 10 años en un porcentaje tan alto como, aparentemente, requería el nuevo sistema de organización de entes administrativos: el basado en el proceso de descentralización de las CCAA, y el fundamentado en el reconocimiento de una independencia autonómica de los entes locales.
El Poder Político, entendiendo por tal a los grupos políticos que a través de la lucha política pretenden ejercer el dominio, esto es, dirigir la conducta de los demás, cuando se practica sin sujeción a las reglas de derecho que determinan sus funciones, ejerce un poder de dominación arbitrario, despótico, que como todo poder ni es ilimitado, ni unitario, y puede dejar de detentarlo en cuando alguien sea capaz de liberar a los dominados, potenciando el poder de hecho que tienen.
Nos parece que el incremento del número de empleados públicos tiene, además, otra característica: la precariedad laboral institucional, de más de la mitad de contratados laborales en régimen de duración determinada y para una obra o servicio determinado o acumulación de tareas. Poco a poco se fue configurando una plantilla en las Administraciones dedicada a tareas específicas directamente relacionadas con estrategias políticas concretas. Las contrataciones subvencionadas para planes concretos de políticas sociales y económicas, configuraron un nuevo tipo de personal laboral cuya eficacia, mérito y capacidad se medían en términos no tanto de servicio público, como de cumplimiento de los objetivos políticos de corte electoralista, de manera que el interés del partido gobernante era el que había que salvaguardar y garantizar.
A este modelo se adscribieron algunos funcionarios de carrera.
El funcionariado sociologicamente ha servido para garantizar la efectividad de un gobierno que se apoya en la plantilla a la que se asegura estabilidad en el empleo y remuneración. Pero cuando se produce el incremento de contratados laborales al servicio de gobiernos de distintos signos políticos, a los que la estabilidad se les asegura a cambio de demostrar aquellos meritos de eficacia y fidelidad a los intereses de las luchas de partidos, el Poder Político va creando sin ser consciente de ello un poder burocrático formado en la lealtad a un Partido Político, capaz de ofrecer resistencia desde la propia organización administrativa, a cualquier dominación, ya sea arbitraria, ya sea reglada o conforme a Derecho.
La estructura administrativa ha generado, con la consolidación de los empleos públicos, un nuevo tipo de organización burocrática que es correa de transmisión de las luchas políticas por el poder. Es decir, los propios empleados entablan relaciones de poder dentro de las organizaciones administrativas, encaminadas a la adscripción de los compañeros a los grupos políticos que, desde fuera de la organización administrativa y desde dentro, en el órgano político, persiguen el objetivo de detentar el poder. Una especie de bucle retroalimenta en la esfera personal de la burocracia, la legitima lucha política por el poder.
Los empleados públicos deben seguir las pautas marcadas por la organización política, por tratarse de un sistema democrático. La perversión de las reglas se produce cuando los empleados no sirven a ese interés sino que se adscriben al particular de cada fuerza política a fin de que consiga sus objetivos.
El acoso se produce cuando un empleado no se integra en ninguno de estos grupos, pretendiendo ser independiente.
Esto dificulta las previsiones de los que ejercen la fuerza para dominar, porque no cabe negociación alguna con el que no es afín a ninguna opción.
El sistema de pactos políticos de gobernabilidad aseguran a estos empleados agrupados su privilegio de incolumidad. Ningún acoso puede caer sobre ellos porque en cualquier momento pueden ser útiles para una estrategia de partidos políticos en busca de hacerse con el monopolio del Poder, en la que el pacto se negocia en función del “capital humano intelectual” con que cuente cada opción.
Precisamente el trabajador, funcionario o contratado, que ejerce su derecho-deber de independencia, no puede ser considerado como “capital intelectual” por cuanto no puede ser objeto de apropiación por parte de nadie. En consecuencia, tampoco puede ser un valor en la negociación del reparto político del Poder. Por eso su independencia será atacada continuamente, por eso será acosado.
Por el contrario, los empleados de los que venimos hablando tienen garantizada la independencia funcionarial en tanto en cuanto cumplan con sus deberes derivados de las normas paccionadas políticas. Entre estos deberes está, fundamentalmente, el de oponer resistencia o facilitar –según los casos- las acciones y hasta las omisiones de los equipos de gobierno y hasta de la oposición.
En sus despachos se cuecen todo tipo de noticias, rumores, datos. En sus papeleras están los documentos comprometedores.
Y a través de sus gestiones se genera en la opinión pública el desencanto o la ilusión, según toquen las campanas de la Torre Mayor. Son los verdaderos artífices del poder arbitrario, son los que permiten, facilitan, encubren, promueven, callan o cuentan, todo lo que sea beneficioso par la legitima lucha política del poder, “legitimada” a base de repetirse una y otra vez esas conductas, consiguiendo una inhibición psíquica en la población, y de la ley del mas fuerte al todo vale, en un salto en el vacío se colocan en la anomia, en la impunidad.
En esta estructura de poder, un funcionario independiente, bien formado, un empleado que realice su trabajo honestamente, que se deba a la idea de servicio publico, no es mas que un obstáculo tanto para las luchas políticas externas generadas desde fuera del entorno laboral-municipal como, fundamentalmente, para las que se entablan dentro entre los grupos políticos que cuentan con la función de estos trabajadores a su servicio.
El acoso en la Administración Publica local consiste en una relación de fuerza (poder de dirigir las conductas de los demás usando la intimidación, coacción, amenaza…) ejercida por los grupos y por los individuos leales a las directrices políticas.
Las violencia ambiental que producen entre si unos y otros grupos, va progresivamente creando un caldo de cultivo optimo para que las acciones se dirijan contra el funcionario o empleado que no se adscriba a uno u otro grupo.
El acoso aquí es total, horizontal, vertical, trasversal , porque atraviesa todos los vectores o factores desde los distintos frentes, de manera que la red del acoso en las administraciones publicas, especialmente en las municipales, esta compuesta por una diversidad de relaciones de poder, aunque solo una o algunas de ellas utilizaran la violencia psicológica.
El mayor problema con el que se encuentra el acosado es con la imagen pública de conflicto político, de búsqueda de dominio o control del dominio político que se percibe de él desde fuera. Pero a la vez, ésta será su mejor defensa si logra que un Juzgado o la FISCALIA comprenda en qué consiste la relación de sumisión al poder de hecho a que se le intenta someter, por parte de quienes no siendo mas que factores especialmente vinculados a los poderes políticos, se muestran como eficaces empleados, ocultando así su tendenciosa conducta incluso omisiva, configurando una cadena de influencias destinada a doblegar su voluntad.
Se trata de un acoso secundario pero indispensable, para que el principal objetivo del despotismo institucional, consiga dominar las fuerzas sociales. Es decir, el poder para dirigir, someter, adscribir a los ciudadanos a un ilegitimo dominio antidemocrático por ser antijurídico, solo se consigue eliminando a quienes pueden agitar las conciencias manipuladas, fuente del único control que puede hacer cambiar la posición clave respecto al uso de los medios de dominio: el pueblo soberano y el Poder Judicial que administra la Justicia emanada del pueblo.
Por esta razón, los funcionarios independientes que denuncien un acoso, serán a menudo victimas de su propia denuncia porque sin entablar lucha política alguna por el poder, ni pretender objetivo de dominación política, reivindicando independencia e integridad moral respecto de los grupos políticos, reivindican al mismo tiempo del conjunto social adscrito al control de aquellos, igualmente, la independencia.
Esto es, las capas de la sociedad inhibidas, sometidas, controladas, no aceptan la denuncia precisamente para no asumir la responsabilidad que, por su inercia hacia el status de poder establecido, les corresponde en el proceso de desestabilización democrática.
Cierto es que las denuncias de corrupción han sido utilizadas en las luchas políticas de poder, y por ello estas acusaciones son sospechosas de estar ecaminadas al objetivo de acceder al monopolio del poder por vía de conquista procesal y no electoral.
Precisamente por esto, hay que conocer perfectamente el entramado de relaciones de poder que se entrecruzan, describirlas y sobre todo, no dejar ninguna duda de que el acosado es victima, no competidor, que no obtiene ni puede obtener ningún beneficio, que no detenta poder político que tienda a dirigir a los demás, que únicamente tiene por finalidad al denunciar, defenderse a la par que no ser cómplice de una forma de gobierno en las Administraciones que se está asentando gracias al inmovilismo y la ausencia de movimientos sociales que reivindiquen el derecho a una democracia lo más regulada posible en el ejercicio del poder.
Por eso, en esta época de elecciones sobre todo, se ha de proceder con mucha cautela si algún partido político apoya la denuncia del trabajador.
En estos casos, el respaldo de los movimientos asociacionistas es fundamental para que se produzca un cambio en las capas sociales, en todas aquellas personas que han renunciado a la democratización permanente, esto es, a ejercer el control social de las Instituciones en un ejercicio permanente de revisión de todo lo que sea indicativo de una arbitrariedad, incluida la que puede revestirse de legalidad formal.
Y por supuesto, si no actúa con todas sus facultades el Poder Judicial, si por no judicializar la política se produce un indulto general, mediante la amnistía anticipada de las responsabilidades penales en que consiste la inactividad instructora de Jueces y Fiscales, me temo que estamos presionando para que se reprima o inhiba cualquier resistencia social a semejante despotismo político que sadrá, sin duda, bien fortalecido.
MªJosé Blanco Barea. (Para Javier)
mjblanco@porlaintegridad.org
Fuentes:
La elección de la locución “Acoso moral” responde a la idea de que en las Administraciones Públicas, de forma más evidente, el acoso ataca desde el principio a la integridad moral de la persona elegida diana de acoso. Insistiremos una vez más en que el concepto de integridad moral no equivale al concepto de honor, fama, crédito o similar. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art.7, se ataca a la integridad moral cuando a la víctima se le niega o desconoce su capacidad para decidir por sí misma en relación a su persona, reduciéndola a la condición de cosa, por eso se habla de trato degradante, porque se vulnera el derecho a ser tratado como un ser humano libre, anulándolo como persona libre.
El empleo público en España creció en menos de 10 años en un porcentaje tan alto como, aparentemente, requería el nuevo sistema de organización de entes administrativos: el basado en el proceso de descentralización de las CCAA, y el fundamentado en el reconocimiento de una independencia autonómica de los entes locales.
El Poder Político, entendiendo por tal a los grupos políticos que a través de la lucha política pretenden ejercer el dominio, esto es, dirigir la conducta de los demás, cuando se practica sin sujeción a las reglas de derecho que determinan sus funciones, ejerce un poder de dominación arbitrario, despótico, que como todo poder ni es ilimitado, ni unitario, y puede dejar de detentarlo en cuando alguien sea capaz de liberar a los dominados, potenciando el poder de hecho que tienen.
Nos parece que el incremento del número de empleados públicos tiene, además, otra característica: la precariedad laboral institucional, de más de la mitad de contratados laborales en régimen de duración determinada y para una obra o servicio determinado o acumulación de tareas. Poco a poco se fue configurando una plantilla en las Administraciones dedicada a tareas específicas directamente relacionadas con estrategias políticas concretas. Las contrataciones subvencionadas para planes concretos de políticas sociales y económicas, configuraron un nuevo tipo de personal laboral cuya eficacia, mérito y capacidad se medían en términos no tanto de servicio público, como de cumplimiento de los objetivos políticos de corte electoralista, de manera que el interés del partido gobernante era el que había que salvaguardar y garantizar.
A este modelo se adscribieron algunos funcionarios de carrera.
El funcionariado sociologicamente ha servido para garantizar la efectividad de un gobierno que se apoya en la plantilla a la que se asegura estabilidad en el empleo y remuneración. Pero cuando se produce el incremento de contratados laborales al servicio de gobiernos de distintos signos políticos, a los que la estabilidad se les asegura a cambio de demostrar aquellos meritos de eficacia y fidelidad a los intereses de las luchas de partidos, el Poder Político va creando sin ser consciente de ello un poder burocrático formado en la lealtad a un Partido Político, capaz de ofrecer resistencia desde la propia organización administrativa, a cualquier dominación, ya sea arbitraria, ya sea reglada o conforme a Derecho.
La estructura administrativa ha generado, con la consolidación de los empleos públicos, un nuevo tipo de organización burocrática que es correa de transmisión de las luchas políticas por el poder. Es decir, los propios empleados entablan relaciones de poder dentro de las organizaciones administrativas, encaminadas a la adscripción de los compañeros a los grupos políticos que, desde fuera de la organización administrativa y desde dentro, en el órgano político, persiguen el objetivo de detentar el poder. Una especie de bucle retroalimenta en la esfera personal de la burocracia, la legitima lucha política por el poder.
Los empleados públicos deben seguir las pautas marcadas por la organización política, por tratarse de un sistema democrático. La perversión de las reglas se produce cuando los empleados no sirven a ese interés sino que se adscriben al particular de cada fuerza política a fin de que consiga sus objetivos.
El acoso se produce cuando un empleado no se integra en ninguno de estos grupos, pretendiendo ser independiente.
Esto dificulta las previsiones de los que ejercen la fuerza para dominar, porque no cabe negociación alguna con el que no es afín a ninguna opción.
El sistema de pactos políticos de gobernabilidad aseguran a estos empleados agrupados su privilegio de incolumidad. Ningún acoso puede caer sobre ellos porque en cualquier momento pueden ser útiles para una estrategia de partidos políticos en busca de hacerse con el monopolio del Poder, en la que el pacto se negocia en función del “capital humano intelectual” con que cuente cada opción.
Precisamente el trabajador, funcionario o contratado, que ejerce su derecho-deber de independencia, no puede ser considerado como “capital intelectual” por cuanto no puede ser objeto de apropiación por parte de nadie. En consecuencia, tampoco puede ser un valor en la negociación del reparto político del Poder. Por eso su independencia será atacada continuamente, por eso será acosado.
Por el contrario, los empleados de los que venimos hablando tienen garantizada la independencia funcionarial en tanto en cuanto cumplan con sus deberes derivados de las normas paccionadas políticas. Entre estos deberes está, fundamentalmente, el de oponer resistencia o facilitar –según los casos- las acciones y hasta las omisiones de los equipos de gobierno y hasta de la oposición.
En sus despachos se cuecen todo tipo de noticias, rumores, datos. En sus papeleras están los documentos comprometedores.
Y a través de sus gestiones se genera en la opinión pública el desencanto o la ilusión, según toquen las campanas de la Torre Mayor. Son los verdaderos artífices del poder arbitrario, son los que permiten, facilitan, encubren, promueven, callan o cuentan, todo lo que sea beneficioso par la legitima lucha política del poder, “legitimada” a base de repetirse una y otra vez esas conductas, consiguiendo una inhibición psíquica en la población, y de la ley del mas fuerte al todo vale, en un salto en el vacío se colocan en la anomia, en la impunidad.
En esta estructura de poder, un funcionario independiente, bien formado, un empleado que realice su trabajo honestamente, que se deba a la idea de servicio publico, no es mas que un obstáculo tanto para las luchas políticas externas generadas desde fuera del entorno laboral-municipal como, fundamentalmente, para las que se entablan dentro entre los grupos políticos que cuentan con la función de estos trabajadores a su servicio.
El acoso en la Administración Publica local consiste en una relación de fuerza (poder de dirigir las conductas de los demás usando la intimidación, coacción, amenaza…) ejercida por los grupos y por los individuos leales a las directrices políticas.
Las violencia ambiental que producen entre si unos y otros grupos, va progresivamente creando un caldo de cultivo optimo para que las acciones se dirijan contra el funcionario o empleado que no se adscriba a uno u otro grupo.
El acoso aquí es total, horizontal, vertical, trasversal , porque atraviesa todos los vectores o factores desde los distintos frentes, de manera que la red del acoso en las administraciones publicas, especialmente en las municipales, esta compuesta por una diversidad de relaciones de poder, aunque solo una o algunas de ellas utilizaran la violencia psicológica.
El mayor problema con el que se encuentra el acosado es con la imagen pública de conflicto político, de búsqueda de dominio o control del dominio político que se percibe de él desde fuera. Pero a la vez, ésta será su mejor defensa si logra que un Juzgado o la FISCALIA comprenda en qué consiste la relación de sumisión al poder de hecho a que se le intenta someter, por parte de quienes no siendo mas que factores especialmente vinculados a los poderes políticos, se muestran como eficaces empleados, ocultando así su tendenciosa conducta incluso omisiva, configurando una cadena de influencias destinada a doblegar su voluntad.
Se trata de un acoso secundario pero indispensable, para que el principal objetivo del despotismo institucional, consiga dominar las fuerzas sociales. Es decir, el poder para dirigir, someter, adscribir a los ciudadanos a un ilegitimo dominio antidemocrático por ser antijurídico, solo se consigue eliminando a quienes pueden agitar las conciencias manipuladas, fuente del único control que puede hacer cambiar la posición clave respecto al uso de los medios de dominio: el pueblo soberano y el Poder Judicial que administra la Justicia emanada del pueblo.
Por esta razón, los funcionarios independientes que denuncien un acoso, serán a menudo victimas de su propia denuncia porque sin entablar lucha política alguna por el poder, ni pretender objetivo de dominación política, reivindicando independencia e integridad moral respecto de los grupos políticos, reivindican al mismo tiempo del conjunto social adscrito al control de aquellos, igualmente, la independencia.
Esto es, las capas de la sociedad inhibidas, sometidas, controladas, no aceptan la denuncia precisamente para no asumir la responsabilidad que, por su inercia hacia el status de poder establecido, les corresponde en el proceso de desestabilización democrática.
Cierto es que las denuncias de corrupción han sido utilizadas en las luchas políticas de poder, y por ello estas acusaciones son sospechosas de estar ecaminadas al objetivo de acceder al monopolio del poder por vía de conquista procesal y no electoral.
Precisamente por esto, hay que conocer perfectamente el entramado de relaciones de poder que se entrecruzan, describirlas y sobre todo, no dejar ninguna duda de que el acosado es victima, no competidor, que no obtiene ni puede obtener ningún beneficio, que no detenta poder político que tienda a dirigir a los demás, que únicamente tiene por finalidad al denunciar, defenderse a la par que no ser cómplice de una forma de gobierno en las Administraciones que se está asentando gracias al inmovilismo y la ausencia de movimientos sociales que reivindiquen el derecho a una democracia lo más regulada posible en el ejercicio del poder.
Por eso, en esta época de elecciones sobre todo, se ha de proceder con mucha cautela si algún partido político apoya la denuncia del trabajador.
En estos casos, el respaldo de los movimientos asociacionistas es fundamental para que se produzca un cambio en las capas sociales, en todas aquellas personas que han renunciado a la democratización permanente, esto es, a ejercer el control social de las Instituciones en un ejercicio permanente de revisión de todo lo que sea indicativo de una arbitrariedad, incluida la que puede revestirse de legalidad formal.
Y por supuesto, si no actúa con todas sus facultades el Poder Judicial, si por no judicializar la política se produce un indulto general, mediante la amnistía anticipada de las responsabilidades penales en que consiste la inactividad instructora de Jueces y Fiscales, me temo que estamos presionando para que se reprima o inhiba cualquier resistencia social a semejante despotismo político que sadrá, sin duda, bien fortalecido.
MªJosé Blanco Barea. (Para Javier)
mjblanco@porlaintegridad.org
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